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DNU 311

En el marco de la lucha contra el avance del COVID-19 en la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que establece que por un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial (25/3/20), las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no podrán suspender o cortar el servicio por falta de pago (hasta 3 facturas consecutivas o alternas) a grupos considerados vulnerables, detallados a continuación:

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo.

  • Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

  • Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

  • Quienes perciben seguro de desempleo, los trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

  • Electrodependientes (beneficiarios de la Ley 27.351).

  • Usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

  • Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

  • Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

  • Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

  • Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación. 

  • Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación. 

  • Las Entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria. 

    Decreto 311/2020


Esta norma no alcanza a los casos en que los cortes o suspensiones deban hacerse por temas de seguridad.